A través de un correo electrónico el gremio que representa a las clínicas privadas del país,hizo llegar a los parlamentarios un documento que acusa el grave impacto de las medidas del gobierno a causa del combate de la pandemia de Covid 19
¿Qué solicitamos? El Gobierno de Chile ha presentado una serie de medidas que buscan proteger el empleo, proteger a la pequeña y mediana empresa, e inyectar liquidez vía distintas fórmulas y mecanismos. Nuestro sector ha sido declarado como actividad esencial, por lo que la mayoría de las medidas no nos son aplicables, lo que probablemente está asociado al desconocimiento de la realidad que estamos viviendo. Resulta fundamental que los siguientes puntos sean abordados por la autoridad para poder asegurar la atención oportuna de la población y la sustentabilidad del sistema prestador privado
Permitir la reapertura progresiva de las atenciones ambulatorias, procedimientos y cirugías electivas, bajo todas las medidas de seguridad que sean necesarias y resguardando la disponibilidad de la red para enfrentar el Covid-19. – Generar mecanismos efectivos de protección al empleo del trabajador de salud, ya que en las actuales condiciones se hace inviable mantener a toda la fuerza laboral, por lo que se necesitan urgentemente normas que permitan flexibilización en áreas que no están directamente asociadas a la atención de pacientes en riesgo. – Reducir significativamente los plazos de pago de las Isapres y de FONASA, por las prestaciones realizadas. Los seguros hoy tienen la llave para asegurar la liquidez del sistema, considerando que esta industria maneja un volumen muy significativo de cuentas por cobrar. – Proteger al sistema de las especulaciones de precios en insumos críticos y asegurar el abastecimiento. – Otorgar garantías estatales a los bancos para asegurar líneas de crédito de capital de trabajo focalizados en esta industria. – Garantizar un pago justo por las prestaciones que otorgue el sistema en esta pandemia. Por ejemplo basado en los valores licitados por GRD actualmente con FONASA para uso de camas críticas. – Velar para que las iniciativas legislativas
los precios en arancel Fonasa MLE (bajo el costo) o que los prestadores deban congelar sus precios nominales -mientras los aseguradores los reajustan por IPC mes a mes- son medidas nefastas para nuestra subsistencia
Con todos los antecedentes expuestos, podemos concluir que la industria de la salud está viviendo una “tormenta perfecta”; su actividad electiva ha caído en promedio un 80%, generando una disminución considerable en la detección temprana de enfermedades que pueden representar una crisis de salud pública en el futuro. Por su parte, los costos de los insumos críticos se han multiplicado por 3 a 4 veces y los stocks cada día se limitan más, los costos de operación se han mantenido debido a que las clínicas han pasado a ser parte de la red controlada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y deben poner a disposición del sistema toda su capacidad, equipamiento y recurso humano. Al mismo tiempo, la derivación de la red pública ha sido nula y el sector ha quedado excluido de las nuevas leyes de protección del empleo. Nuestro aporte como red privada a la atención de la pandemia es clave y fundamental, por lo que solicitamos al Gobierno que considere una ayuda concreta a este sector para poder mantenernos disponibles con todos nuestros recursos en apoyo a la pandemia. Sin embargo, ello no puede significar medidas y regulaciones que nos conduzcan a tener un sector prestador privado que -al final de la crisis- resulte estructuralmente debilitado o simplemente inexistente. Por ello necesitamos que urgentemente se tomen medidas para evitar la precariedad a la que se puede conducir nuestra operación.
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