El martes pasado la moneda ingreso el proyecto para modificar el tratado de Roma y del compromiso con la Corte Penal Internacional. Esto ocurre cuando el Tribunal de la Haya avanza en contra de la acusación contra el gobierno de Piñera
El martes 12 de mayo la moneda ingreso el proyecto de ley a la cámara de Diputados queriendo pasar inadvertido ante la opinión del público en general
Piñera, junto con el ministro del interior Gonzalo Blumel y el ministro de justicia Hernán Larraín y el ministro de relaciones Exteriores Teodoro Ribera despacharon al congreso la iniciativa, la cual altera los compromisos suscritos por Chile para dar reconocimiento jurídico a la Corte Internacional de la Haya
“Resulta al menos curioso que, en medio de una pandemia nacional y global, el gobierno pretenda incorporar una legislación de estas características”, afirma Andrés Cruz, abogado, ex fiscal y docente de la Universidad de Concepción. “Esto me llama profundamente la atención”.
Las modificaciones que propone el ejecutivo dejarían al Ministro de Relaciones Exteriores, como la primera traba para aceptar o no la competencia de La Corte Internacional de La Haya reemplazado la función del ministerio publico de realizar esta función
“Esto es más que sospechoso”, asegura Cruz. “Entregar a un ministerio político esta facultad es un asunto delicado, toda vez que esa autoridad podría estar comprometida en defender a actores estatales acusados de crímenes de lesa humanidad”.
La haya
El 2 de Enero de este año abogados Chilenos en Europa presentaron un escrito ante la Corte Internacional acusando a Piñera, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas, además de otros, de graves violaciones a los Derechos Humanos. En este escrito pedían investigar a los nombrados para establecer si habían cometido delitos de lesa humanidad tras el estallido social del 18 de Octubre de 2019.
El 15 de febrero, esa corte comunicó que había recibido el escrito. Y a mediados de abril, el tribunal internacional recibió más antecedentes del grupo, coincidente con la ofensiva gubernamental de cambiar las reglas del juego.
“En el mes de febrero, la Fiscalía de la CPI me informó que estaba evaluando la posibilidad de abrir una investigación y que se tomaría un tiempo en decidir”, afirma el abogado Ricardo Ignacio Bachmann, quien actúa como vocero del grupo de juristas y profesionales que han llevado adelante las acciones ante la CPI.
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