El informe llamado ojos sobre chile: violencia policial y responsabilidad del mando durante el estallido social
El movimiento global que trabaja por la protección de los derechos humanos en el mundo publico un lapidario informe sobre la violencia policial en chile durante y después del estallido social remarcando la violación de los derechos humanos por agentes del estado este es un resumen de la responsabilidades de mando
RESPONSABILIDAD DE LOS MANDOS POR VIOLACIONES REITERADAS
Esta política, que habría venido desde los mandos superiores, habría supuesto asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del “orden público”, castigar a quienes protestaban y cesar las protestas a como diera lugar. El estándar internacional sobre responsabilidad de mando exige demostrar que los superiores sabían o deberían haber sabido, y que, a pesar de ello, omitieron tomar medidas para prevenir los actos de violencia o castigar a los perpetradores. Estas conclusiones se basan en los siguientes hechos documentados por Amnistia Internacional:
❱ Tanto los mandos operativos como los mandos estratégicos de Carabineros de Chile habrían tenido conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando día con día, y el tipo de lesiones que estaban provocando a través de canales externos.
❱ Los mandos estratégicos, como el general director o el director de orden y seguridad (DIOSCAR), habrían tenido numerosa información interna que permitía conocer los detalles de las operaciones así como identificar alertas sobre irregularidades cometidas por sus subordinados, entre ellos, ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana.
❱ Se utilizaron armas cuya naturaleza era notoriamente indiscriminada y lesiva, y por ende era contraria al estándar internacional. El general director no limitó el uso de balines de goma y metal hasta que se cuestionó la composición de dicha munición y la cifra de lesionados oculares rebasó los 250 casos.
❱ Asimismo, ni la Plana Mayor Nacional (órgano creado en el contexto de la crisis para asesorar al general director) ni el director de DIOSCAR incorporaron lecciones
aprendidas desde una perspectiva de derechos humanos en la planificación de la respuesta institucional a las protestas. En este sentido, los mandos tácticos, al menos de la Zona Metropolitana, no modificaron sus planes operativos más allá de lo logístico y mantuvieron un mismo modus operandi desde el inicio de la crisis. Esto tuvo como resultado, que los mismos oficiales que usaban la fuerza de manera innecesaria o excesiva, se mantuvieran en sus puestos operando a diario, como el Prefecto y Subprefectos de las Fuerzas Especiales en la Zona Metropolitana.
❱ En lugar de dar instrucciones precisas que se adaptaran a la realidad con la intención de reducir los daños a la integridad de las personas, el general director y el director de DIOSCAR por un lado mantuvieron órdenes vagas y repetitivas y por el otro lado no garantizaron que éstas se trasladaran a los mandos operativos con instrucciones precisas sobre aspectos operativos clave para proteger la integridad de las personas.
❱ Lejos de sancionar los comportamientos violatorios, éstos fueron no sólo permitidos, sino que habrían sido respaldados por el general director. Esto se evidenció tanto a través de la filtración de un audio en el que asentaba que no daría de baja a ningún funcionario, independientemente de su conducta como también, en el número de sanciones que fue mínimo en relación con el número de denuncias. Ni siquiera se sancionaron casos donde el funcionario aceptó su responsabilidad, se cometieron posibles actos de encubrimiento y las sanciones que se llevaron a cabo en los casos conocidos por Amnistía Internacional, como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai, fueron tardías y por faltas conexas al hecho más grave. Es decir, justificaban que el uso de la fuerza que causó el daño fue legítimo.
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